Efectivamente, la Política Agrícola Común 2021-2027, ahora 23-27 como consecuencia del retraso en su entrada en vigor, ha constituido una parte muy importante del trabajo que he venido haciendo en el MAPA desde mi toma de posesión en junio de 2018. Yo distinguiría tres planos:

 

El primero, el relativo a la dotación financiera. Es algo que se ha discutido a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, que concluyó en julio del año pasado en el Consejo Europeo con una dotación para España de 47.724 millones de euros, más la correspondiente al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que globalmente supone 140.000 M€ en transferencias y créditos para el conjunto de la economía española.

 

Un segundo plano en el que intervine de forma más directa como ministro es el relativo a los reglamentos europeos, es decir, las reglas que deben presidir la nueva PAC. Este concluyó a finales del mes de junio, gracias a un acuerdo en el que jugamos un papel fundamental la presidencia portuguesa, España, Francia, y Alemania, que de algún modo constituimos el 'núcleo duro' de esta nueva PAC.

 

Y un tercer plano sobre la elaboración del Plan Estratégico nacional (PE), que tenemos que presentar en Bruselas antes del próximo 31 de diciembre para que a partir de 2023 continuemos percibiendo las ayudas de la PAC. Hemos mantenido desde enero de 2019 más de 200 reuniones con CC AA, organizaciones agrarias, cooperativas, industria agroalimentaria, organizaciones ambientales, organizaciones de la sociedad civil del medio rural... con un trabajo de más de 2.500 páginas, disponible en la página web del MAPA, analizando todos los sectores y subsectores. La segunda gran orientación de la PAC se refiere al medio ambiente: más del 40% de los fondos de la nueva PAC van a tener relación directa o indirecta con la lucha contra el cambio climático y la preservación del agua, del suelo, del aire, de la biodiversidad y del paisaje.

 

Con esta nueva PAC, en España tenemos que afrontar cuatro grandes temas:

•Mejor distribución de los fondos. Con el análisis realizado, podemos conocer mejor las fortalezas y debilidades de cada sector, identificando aquellos que necesitan un apoyo más significativo. Debemos definir la explotación tipo, porque las grandes tienen una orientación de mercado magnífica, pero después tenemos las de perfil profesional y familiar, ya sean a tiempo completo o parcial u ocasional, que suponen la mayoría en nuestro país, y tenemos que darles el bloque máximo de apoyo; y también están las explotaciones pequeñas, que tienen unos valores productivo, ambiental y social, porque evitan el vaciado de muchos pueblos.

•Orientación ambiental. Vamos a dedicar en los ecoesquemas una cantidad muy importante a este concepto, más la condicionalidad verde integrada en el pago a la renta, más las ayudas agroambientales del Segundo Pilar.

•Aspectos sociales. El relevo generacional, la incorporación de jóvenes que es importante por ese 3% (Primer y Segundo Pilar) pero también por la implicación de las CC AA en los planes de tutoría, integración y ayuda que se necesitan. Desde el punto de vista de la igualdad de género, vamos a primar la incorporación de agricultoras y ganaderas, con un 10% suplementario y con un 5% en el pago redistributivo.

•Innovación y digitalización. Suponen un reto muy importante para el sector agroalimentario español, cuarto exportador de la Unión Europea y octavo del mundo. En los últimos 12 meses exportamos por un valor superior a los 55.000 M€, con una balanza comercial positiva que supera por primera vez en la historia los 20.000 millones de euros. Recordemos que en los años 90 éramos deficitarios desde el punto de vista agroalimentario y solo al principio de los 2000 comenzamos a equilibrarlo. El superávit actual muestra claramente que somos muy fuertes.

Por resumir en cifras, y en base anual, teniendo en cuenta la cofinanciación del Estado y de las CC AA, estamos hablando de 7.300 M€ anuales al sector primario así desglosados: 4.800 M€ de ayudas directas, 800 M€ dedicados a medidas de mercado y programas específicos y 1.700 M€ a desarrollo rural.

 

 

El trabajo que venimos efectuando desde enero de 2019 nos ha permitido conocer las necesidades y los planteamientos de cada una de las CC AA. España es un país inmensamente diverso desde los puntos de vista geográfico, cultural, humano, pero también agronómico. Tenemos prácticamente todas las producciones, y me gusta enorgullecerme de ello, desde las continentales en el norte de España, similares a las del centro de Europa, hasta las subtropicales en el sur, pasando por muchas otras. Desde un punto de vista práctico, y la realidad lo ha demostrado, somos un país que, salvo algunas excepciones puntuales, somos suficientes desde el punto de vista agroalimentario, y esto en el mundo actual es realmente un gran tesoro.

 

Desde el Ministerio, como responsables de la elaboración del PE y de su presentación ante Bruselas, hemos mantenido diálogo con todas las CC AA. Presentamos un documento con las bases de elaboración de dicho PE, en torno a las cuales ha habido un consenso y apoyo de las mismas porque los consejeros y consejeras han defendido la posición legítima de su respectiva Comunidad y han permitido dar un paso hacia delante, porque evidentemente sus opiniones no eran coincidentes sobre diferentes temas, como pueden ser la definición de agricultor activo o el régimen de pequeños agricultores, por ejemplo, además de otros muchos elementos necesarios para articular un esquema aplicable al conjunto del territorio nacional.

 

España tiene que presentar un solo PE nacional antes del 31 de diciembre, de ahí el honor, pero también la dificultad y la responsabilidad de este ministro y del Gobierno de España en la hora de la negociación. Y debo dar la enhorabuena al conjunto de consejeros y consejeras de las CC AA porque hemos encontrado el punto común para continuar trabajando y presentar el PE tras el acuerdo alcanzado en la conferencia sectorial del pasado 14 de julio. Nos falta desarrollar técnicamente muchas cosas, en un brevísimo lapso de tiempo que tenemos hasta diciembre, y hay una especialmente importante, que son los ecosistemas, esta novedad a la que se va a dedicar el 25% de las ayudas directas, es decir, una cantidad que supondrá unos 1.100-1.200 millones de euros anuales en España.

 

En definitiva, hay un espíritu constructivo y positivo. Esto no son tiempos, por desgracia, de acuerdos en España pero a mí me gustaría como miembro del Gobierno que lo fueran, pero el hecho de que en el sector agroalimentario estemos de acuerdo en que la prioridad la constituyen los agricultores, los ganaderos y el medio rural, y como además estamos obligados a presentar el PE antes del 31 de diciembre, ha sido posible este acuerdo. Además, pensemos que es una obligación legal porque si España no lo presenta antes de plazo, no podríamos cobrar las ayudas a partir de 2023, y este es un elemento de responsabilidad que debemos tener colectivamente.

 

 

En modo alguno está en peligro la segunda reforma. Al contrario, la senda marcada por la reforma de febrero de 2020 y por la que ahora está discutiéndose en las Cortes Generales va en el sentido de la Directiva Europea de abril de 2019, de ofrecer una mayor transparencia en el conjunto de la cadena alimentaria y de la formación de los precios, con un mayor equilibrio y también de apoyo al eslabón más débil, que es el productor. No se puede dar ningún trabajo por concluido, ni ningún objetivo por alcanzado, es muy necesario el trabajo cotidiano que conocen muy bien los agricultores, ganaderos y toda la cadena alimentaria.

 

Quisiera subrayar que lo novedoso de esta reforma es la inclusión de los costes de producción como un elemento de referencia de cara a la fijación de los precios. Actualmente, en muchos lugares de España aún se realizan 'ventas a resultas', es decir, que en el propio acto de venta se ignora el precio al que se está vendiendo y solo se conoce en un momento posterior a través del intermediario. Esto es una mirada al pasado que deberíamos abandonar porque, reconociendo la necesidad de venta de nuestros agricultores y ganaderos, mi auténtica preocupación desde que tomé posesión como ministro y teniendo en cuenta mi experiencia profesional en España y Europa, es la formación del valor. España produce muchos productos alimentarios, todos ellos de un nivel medio altísimo y algunos realmente excelentes, pero debemos tener capacidad para que en ese proceso se produzca también una formación de valor y, por tanto, un reconocimiento del precio, que es el que en definitiva aceptamos los ciudadanos. Pero este proceso no es evidente y, en ocasiones, algunas ventas realizadas en condiciones incluso por debajo de los costes de producción, no solo constituyen una amenaza de supervivencia para el que vende, sino para el conjunto del sector.

 

En la segunda reforma no solo se está ampliando la casuística de los supuestos de posible competencia desleal sino que, además, se está incluyendo el ámbito europeo. Algo muy importante para España porque el 61% de nuestras ventas agroalimentarias se efectúan en la Unión Europea, dado que la relación entre un productor español y un vendedor europeo, aunque no sea español, queda cubierta por la ley.

 

 

En frutas y hortalizas somos la huerta de Europa. En este sector somos el primer suministrador de la Unión Europea y de Reino Unido y tenemos que preservar esa posición líder e incluso, si es posible, en algunos sectores mejorar nuestra presencia en el mercado. Eso se logra teniendo un alto nivel de calidad y unos precios ajustados. Esto es el punto de partida. y por ello son tan importantes los elementos de competitividad vinculados a la transformación, innovación y digitalización.

 

España es un país exportador. ¿Quiere decir eso que siendo un país interesado en un comercio internacional basado en reglas no debamos preservar nuestros intereses y nuestra producción? No, creo que es compatible una cosa con la otra y lo estamos discutiendo continuamente en diferentes instituciones europeas. Los acuerdos con países terceros deben cumplirse en los contingentes, en los precios de entrada, y en esto la Comisión Europea tiene que ser muy estricta a través de los servicios aduaneros en tener un control en tiempo real de la presencia de productos de países terceros que son parte de los acuerdos comerciales.

 

Además de los acuerdos, la gran preocupación estratégica son las condiciones de producción. La estrategia 'De la granja a la mesa' es una nueva orientación en el Pacto Verde de la producción de la agricultura y la ganadería europeas. Supone una menor utilización de productos fitosanitarios, de plaguicidas, de antibióticos en alimentación animal, impulso de la agricultura ecológica... Todo eso tiene costes suplementarios y rendimientos inferiores, por tanto, la posición que hemos defendido España y Francia en la negociación de la PAC, con el apoyo del Parlamento Europeo y de otros países que comienzan a abrir los ojos, es que no podemos aplicar unos requisitos diferentes a la entrada de productos de países terceros respecto a los que se aplican a nuestros productores. Por decirlo muy claro: producto prohibido por la Agencia Agroalimentaria Europea debe ser también prohibido para países terceros.

 

También quiero referirme al control de plagas y destacar que en la UE tenemos los reglamentos más coercitivos del mundo. Debemos mantener la máxima atención, porque hay muchos puntos de entrada en la UE, básicamente puertos y aeropuertos, y tenemos que vigilar que se cumpla de forma estricta. En definitiva, hay que tener una actitud abierta desde el punto de vista del comercio, porque nos interesa exportar más, pero al mismo tiempo debemos ser muy estrictos en el cumplimiento regulatorio a nivel internacional.

 

 

Las aproximadamente 3.500 cooperativas agroalimentarias que hay en España conocen mejor que nadie su presente y su futuro y, por tanto, son ellas las que deben decidir. Con la Ley de Entidades Prioritarias se pretendió desde el MAPA fomentar la integración cooperativa de carácter supraautonómico. En España tenemos 17 comunidades autónomas, algunas de ellas grandes productoras, por lo que este proceso debería aplicarse también a nivel de CC AA. No deja de ser chocante que una potencia agroalimentaria como España no tenga una cooperativa entre las primeras 50 de Europa. Esto no es una crítica, sino una llamada de atención. Muchas cooperativas españolas están a la vanguardia de la innovación y de la digitalización, y deberían afrontar un proceso de integración, por supuesto de carácter voluntario, que el MAPA fomenta para responder mejor a las necesidades del mercado.

 

Una cooperativa es siempre un elemento de defensa muy importante en el medio rural, pero no solamente debe ser una agrupación de productores para gestionar su producción, sino que debe servir también para colocar el producto en el mercado al mejor precio. En esta tarea de carácter cada vez más empresarial hay mucho camino por hacer y el MAPA está dispuesto a acompañarlas. Mantenemos reuniones periódicas con Cooperativas Agroalimentarias de España, con quien tenemos una magnífica relación, y mi intención es que sigamos avanzando en el proceso de integración y modernización. No es un problema de número de cooperativas, sino de cómo se especializan y, sobre todo, cómo consiguen los mejores rendimientos para sus agricultores o ganaderos miembros.

 

En el MAPA estamos muy atentos a la estructuración del sector. Como saben, en febrero de 2020 publicamos un decreto de ordenación del sector porcino, que cubre los aspectos relativos a la bioseguridad, al medio ambiente y a las características de producción. Ahora hemos publicado el relativo a las granjas avícolas y vamos a publicar antes de final de año el referido a la estructuración de las granjas de vacuno de carne y de vacuno de leche.

 

Tiene que coexistir la producción extensiva y la intensiva, cada una tiene su papel y no hay que demonizar a nadie, pero es verdad que la orientación de futuro —por ejemplo lo vemos en el enfoque de la nueva PAC— es hacia ese modelo extensivo, que produce los efectos económicos, sociales y medioambientales más importantes para el territorio. Ese tipo de ganadería es el que desde el MAPA tenemos muy claro que hay que preservar.

 

Ligo esto a su pregunta sobre los costes, porque es muy difícil en mercados internacionales, como los que existen en relación, por ejemplo, con los precios del maíz o de la soja, el que podamos tener una intervención directa sobre ellos. Es verdad que hay una oscilación muy clara, y sería interesante añadir cualquier elemento que permita obtener mejores condiciones, como por ejemplo mediante la agrupación de productores. En los dos últimos Consejos de Ministros de la Unión Europea hemos venido defendiendo la necesidad de que la Comisión tome cartas en el asunto, sobre todo si los precios continúan en estos niveles tan altos, porque en algún sector a pesar de que los precios sean elevados, lo que está en juego es el margen de rentabilidad, como sucede en el vacuno de leche. Desde el MAPA mantenemos relación, no solo con el sector productor, sino también con la industria, con la distribución y con el consumidor, para que entre todos respondamos a la necesidad de un sector que no solo tiene que sobrevivir, sino ganarse la vida con unos márgenes de explotación suficientes.

 

Como siempre, el decreto de regulación fue sometido a consulta pública y ahí estuvo la posibilidad de dar la opinión todo el mundo interesado en el tema. Como soy una persona que le gusta conocer el porqué de las cosas, he analizado en profundidad con mi equipo esta situación.

 

La primera cuestión sorprendente es que este Renove es el de mayor dotación de los últimos años. Hemos incrementado las dotaciones en los Presupuestos Generales del Estado y hemos creado dos mecanismos de apoyo: uno de 6,55 M€ de ayudas directas o subvenciones a la adquisición de maquinaria —2,55 M€ vinculados a seguridad, higiene en el trabajo y eficiencia energética, y 4 M€ a equipos de aplicación localizada de purines— y, lo que ha sido una gran novedad, una línea complementaria de ayudas a través de SAECA, de hasta 50 millones en préstamos.

 

Además, esto coincide en una época en la que el sector agroalimentario hemos sido eje de la resistencia y ahora somos eje de la recuperación y está teniendo unas grandes inversiones de renovación. ¿Toda maquinaria nueva debe disponer de una subvención como el seguro agrario, con una específica subvención en cada una de sus líneas? No, lo que tenemos que hacer es maximizar los fondos públicos disponibles para llegar a aquellos elementos prioritarios. Comprendo que las empresas comercializadoras quieran vender el mayor número posible de unidades, pero seamos claros, la maquinaria agrícola no se vende por la subvención que presta el Estado o las CC AA, sino porque es una necesidad. Y, sin duda, debemos concentrar nuestros esfuerzos en los procesos prioritarios, como son los residuos ganaderos o la seguridad en el trabajo en el caso de los tractores.

 

Por tanto, ha sido una reacción fruto del propio éxito del programa y del sector. Si es posible mejorarlo, lo haremos en el inmediato futuro, pero me temo que por mucho que lo mejoremos, en un contexto como el actual es evidente que nunca podremos llegar a cubrir 100% de las necesidades. Si vemos los planes renove en otros sectores, ocurre lo mismo.

 

La innovación y la digitalización están ya muy presentes en la realidad actual de todo nuestro sistema agroalimentario y, en particular, en el sector primario. Yo, que hago trabajo de campo y visito explotaciones, cooperativas..., me quedo sorprendido hasta qué punto muchas de las cosas de las que hablamos en términos de futuro existen ya en términos de presente. Pero es verdad que tenemos ese gran reto, a pesar de que suceden cosas curiosas como cuando viajo entre Bruselas y Luxemburgo, en el eje de mayor renta per cápita de la Unión Europea, se me interrumpe la comunicación telefónica al menos en 4 o 5 zonas, lo cual parece sorprendente. En España, aunque disfrutamos de una buena cobertura, tenemos el reto para 2025, de acuerdo con el compromiso europeo y con nuestro plan nacional de cobertura de banda ancha del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de ofrecer al conjunto del territorio conexión a Internet de banda ancha de alto débito para utilizarla de forma profesional, incluyendo puntos alejados de los núcleos rurales como son algunas granjas agropecuarias. Es una condición necesaria, pero no es suficiente y, por eso, con la Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural que entra ahora en su segunda fase, como en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que destina más de 200 M€, tenemos que dar un salto adelante.

 

Y lo más importante: el factor humano. ¿Son los agricultores actuales los que deban hacer ese proceso? Una parte sí y una parte no. Dos tercios de agricultores y ganaderos tienen 55 años o más, es decir, en teoría tendrían que jubilarse en los próximos 10 años. Cuando observo a los jóvenes que ahora se incorporan, mujeres y hombres, veo que hay un nivel de conocimiento profesional y cultural mucho más alto desde el punto de vista de la digitalización. Estoy tan preocupado e interesado por ello que he firmado recientemente dos convenios con las Escuelas de Ingeniería de las universidades Politécnica de Madrid y de Córdoba para organizar procesos, ampliables a otras universidades, de formación de formadores en materia de digitalización para el medio rural. Yo lo llamo la nueva Extensión Agraria Digital y creo que ahí hay una gran tarea. Hay que evitar que lo que es una buena noticia se pueda convertir en una brecha.

 

 

Estoy en el Gobierno porque el presidente tiene confianza en mí y en la tarea que estoy llevando a cabo. Intento hacerlo lo mejor posible y, como siempre digo, mi futuro es mi presente, lo he hecho toda mi vida en los diferentes puestos que he ocupado. Soy una persona cuidadosa, profesional, dedicada, comprometida con lo que hago y, además, tengo la inmensa suerte de que este es un sector estratégico y el componente más importante va mucho más allá del PIB, de las exportaciones, de las cifras estadísticas... que son mujeres, hombres y nuestro medio rural. Por tanto, esta parte me interesa tanto como la labor del despacho y estoy muy contento de ser miembro del Gobierno de España en esta nueva etapa tan importante, lo cual es una enorme responsabilidad.

 

Desde que ocupo esta cartera he puesto a disposición toda mi experiencia anterior durante dos etapas como consejero de Agricultura en una comunidad tan importante como Andalucía, en la Comunidad Europea, a la que he dedicado más de la mitad de mi vida, y mis relaciones Internacionales. Y tengo una idea muy clara de lo que hay que hacer. Hay que unir y no dividir. Este es un momento difícil con la pandemia, el COVID-19 y la salida de esta situación, esto es válido para todo el mundo porque en los momentos de dificultad tenemos que unirnos y trabajar por ello. No me interesan los éxitos personales, creo que son de mi equipo y del conjunto del sector.

 

España es una gran potencia agroalimentaria, mucho más de lo que nosotros mismos percibimos, como puedo comprobarlo en el Consejo de Ministros, donde siempre soy el primero o el segundo en intervenir porque la presidencia quiere que lo sea. Esto no es una virtud personal, sino porque habla España. Tenemos que solidificar y garantizar de cara al futuro esa imagen de productos de calidad, sabrosos, sostenibles y a buen precio. E insisto en la creación de valor. Con estos productos, tenemos que sacar mayores rendimientos para nuestros productores.

 

Fuente: Interempresas 

David Pozo / Ángel Pérez